Dra. Mónica Uribe
Ríos de tinta han corrido en torno a la Cristiada, la que puede considerarse la última etapa de la Revolución mexicana. Los motivos del conflicto son evidentes, la ausencia de libertad religiosa debido a la promulgación de la Ley de Cultos de 1926 y el claro sentido jacobino, antirreligioso, y en especial anticatólico, del gobierno callista emanado de la facción ganadora en la Revolución.
Tenemos que retroceder casi un siglo para entender el origen de la animadversión gubernamental contra la Iglesia. Contrario a lo que supone la creencia popular, las Leyes de Reforma, creadas de 1852 a 1857, no tuvieron carácter constitucional sino hasta 1873 y reconocían la personalidad jurídica de la Iglesia. Apuntaban a la separación Iglesia-Estado, a la disociación de las esferas civil y eclesiástica, pero en la práctica, buscaban la sujeción de lo religioso a la égida gubernamental, al retirarle los fueros de los cuales gozaba.
El problema no estaba tanto en el control de registros de nacimientos, matrimonios y defunciones por parte del gobierno, sino en la desamortización de los bienes eclesiásticos, la regulación de diezmos y obvenciones, la no coacción de votos religiosos, pero, sobre todo, inquietaba la apertura legal a otras confesiones religiosas. especialmente denominaciones protestantes, lo que naturalmente levantaba las suspicacias de la Iglesia católica.
La libertad de culto suscitó el rechazo al liberalismo gubernamental y llevó a la denominada Guerra de Reforma, en la que los conservadores, descendientes ideológicos de los llamados canonistas -por considerar que el Estado mexicano no heredaba las prerrogativas de la Corona española con respecto a la Iglesia y que debía darse un nuevo acuerdo con la Santa Sede, un concordato que debía normar la relación Iglesia-Estado- defenderían a capa y a espada una visión más tradicional del ejercicio del poder político, frente a los liberales, que buscaban una distribución del poder semejante al modelo presidencial norteamericano, que incluía la tolerancia religiosa y la separación Iglesia-Estado. Cabe decir que no todos los conservadores eran monárquicos, ahí está el caso del obispo de Michoacán, Mons. Clemente de Jesús Murguía (1810-1868), que fue republicano y conservador, pero el triunfo de los liberales permitió construir una narrativa de identificación del conservadurismo con la Iglesia católica, de suerte en que a mediados del siglo XIX, religiosos, religiosas y obispos fueron exiliados, y aunque algunos regresaron antes de 1870, la Iglesia en México quedó prácticamente sin agentes pastorales hasta los inicios del Porfiriato.
Justo es en el periodo entre 1875 y 1910 que la Iglesia católica en México se reconstituye. Siguiendo los lineamientos del Concilio Vaticano I que tendían a la estandarización formativa de los agentes pastorales en seminarios bajo las directrices romanas, la Iglesia en México volvió a florecer con nuevos obispados, el retorno de las órdenes religiosas tradicionales -dominicos, jesuitas, agustinos, etc.– la llegada de nuevos institutos masculinos como los salesianos, y femeninos como las damas del Sagrado Corazón, así como el surgimiento de vocaciones e institutos nativos. La educación católica tomó nuevos aires y la Doctrina Social de la Iglesia derivada del magisterio de León XIII empezó a permear al laicado mexicano, tanto que a la postre surgió el Partido Católico Nacional y el sindicalismo católico. La relación Iglesia-Estado durante el porfiriato fue positiva, mucho con base en las relaciones personales de la élite política con la jerarquía eclesiástica. Un ejemplo de ellos es la cercana relación de Porfirio Díaz con Eulogio Gillow, arzobispo de Oaxaca. Sin embargo, entre los laicos católicos hubo insatisfacción por el régimen político y apoyaron la candidatura presidencial de Francisco I. Madero, quien había prometido una normalización de la relación Iglesia-Estado, especialmente la reanudación de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Madero fue omiso y algunos obispos apoyaron el golpe de Victoriano Huerta. Este apoyo parcial fue el pretexto ideal para que los constitucionalistas buscaran eliminar todo rastro de injerencia clerical en el ámbito político y social, mediante una secularización forzada, con lo que creían completar el proceso de separación Iglesia-Estado decimonónico. La discusión del artículo 129 de la nueva Constitución federal, posteriormente 130, fue ardua.
Algunas voces advirtieron sobre la inconveniencia práctica de eliminar el reconocimiento a la personalidad jurídica de la Iglesia católica, pero vencieron quienes se empeñaban en acabar con la religión, en concordancia con el anticlericalismo imperante en la época. La restricción de la libertad religiosa al negar la personalidad jurídica de las agrupaciones denominadas iglesia, no sólo provocó la protesta y el exilio de episcopado mexicano, sino también el descontento social. Era claro que, para los constituyentes del 17, la Iglesia católica era el único ente social capaz de rivalizar ideológicamente con el nuevo Estado posrevolucionario, pues sólo ella podía ofrecer un discurso unificador de la nación a través de dos elementos: el culto guadalupano y la Doctrina Social de la Iglesia cristalizada en la acción social.
El ascenso de Álvaro Obregón a la presidencia de la república supuso un respiro, aunque Plutarco Elías Calles, como secretario de Gobernación, dejaba sentir su mano dura antirreligiosa. Pese a que se reabrieron templos, regresó la mayoría de los obispos y los laicos católicos pudieron organizarse en defensa de la libertad religiosa, la expulsión del delegado apostólico Mons. Filippi en 1923 y el despido de todos los empleados públicos que participaron en el Congreso Eucarístico Nacional en 1924, dieron muestra fehaciente del carácter jacobino de Elías Calles, él sí un antirreligioso recalcitrante, a diferencia de Obregón y de Venustiano Carranza. Calles patrocinó el surgimiento del llamado “cisma mexicano” una efímera y cuestionada iglesia católica nacional, en 1925 y paralelamente procedió a la reglamentación del artículo 130 constitucional. La iniciativa de creación de la Ley de Cultos (o Ley Calles) fue el acicate por el que se creó en 1926 la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), agrupación que envió ese mismo año al Legislativo un pliego solicitando la revisión y reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales. Sin embargo, la Ley de Cultos fue promulgada en junio de 1926, entró en vigor el 31 de julio siguiente. El 1 de agosto, los obispos ordenaron el cierre de los templos al culto, lo que causó una severa conmoción social. Lo obispos acudieron al Congreso solicitando la reforma constitucional, pero no se aceptó su queja por “no ser ciudadanos mexicanos”.
El 18 de noviembre, el papa Pío XI emitió la encíclica Iniquis Afflictisque, condenando al gobierno callista. Mientras en Roma se decantaban por una solución diplomática, la guerra estalló; la represión contra los católicos afectó incluso los intereses de los norteamericanos viviendo en México, que pidieron apoyo a los obispos norteamericanos y éstos al gobierno del presidente Wilson. Roma aceptó la intermediación del gobierno de Estados Unidos y del episcopado norteamericano para negociar la paz y la restitución de la libertad religiosa con el gobierno mexicano.
Dos fueron los personajes centrales de la negociación, el embajador Dwight D. Morrow, y el padre John Burke, ambos encargados por el presidente Wilson de reunir a los obispos mexicanos con el general Calles y después con el presidente Portes Gil. Morrow y Burke fueron, tras bambalinas, los héroes de la primera etapa de la negociación diplomática.
