Rosana Manzini*
Publicada en 1891, la encíclica Rerum Novarum de León XIII inauguró de modo sistemático la Doctrina Social de la Iglesia ante las «cosas nuevas» de la modernidad industrial: la cuestión obrera, la concentración de la riqueza, la fragilidad de las familias trabajadoras y la tensión entre el liberalismo económico y los socialismos revolucionarios. Su núcleo normativo —dignidad humana, justicia y bien común— constituyó entonces una respuesta moral e institucional ante transformaciones que amenazaban con reducir al trabajador a mera mercancía.
Releer ese documento en el siglo XXI no es un ejercicio de actualización cosmética, sino de traducción histórico-doctrinal. Se trata de preservar ese núcleo y reinterpretarlo frente a las nuevas «cosas nuevas»: la globalización financiera, la «plataformización» del trabajo, la inteligencia artificial y la automatización, las crisis migratorias y ecológicas, la cultura del descarte y las nuevas formas de dominación económica que sostienen desigualdades estructurales persistentes.
El primer principio que la encíclica consagró fue la dignidad del trabajo y la primacía de la persona sobre el capital. El trabajo no es mercancía; es expresión de la persona, fundamento del sustento familiar y participación en el orden social. Releído hoy, este principio exige reconocer formas de trabajo que permanecen invisibles a los derechos: el trabajo de cuidado doméstico y comunitario, frecuentemente feminizado y no remunerado, y el trabajo de datos, es decir, la atención y los rastros digitales que las personas generan y que las plataformas explotan económicamente. El nuevo eje ético es claro: la tecnología debe servir al trabajo humano, no sustituirlo como mecanismo de descarte social. La automatización y la inteligencia artificial pueden elevar la productividad, pero exigen una transición justa, con recualificación real y redes de protección efectivas. Los debates actuales sobre los derechos de repartidores y conductores de aplicaciones, las evaluaciones algorítmicas y el uso de la IA en la selección de personal son, en este sentido, los nuevos campos donde se juega la misma justicia que León XIII reclamaba en las fábricas del siglo XIX.
Vinculado a esto, el principio del salario justo conserva toda su vigencia, aunque su contenido se ha complejizado. León XIII condenó el abuso y la explotación salarial exigiendo que el salario permitiera la subsistencia digna del trabajador y de su familia. Hoy ese criterio necesita considerar el costo real de vida urbano, incluidas la vivienda y el transporte, la inflación de alimentos y la vulnerabilidad ante choques externos como pandemias y eventos climáticos. En las economías de trabajos esporádicos y contratos flexibles, el concepto de salario justo se amplía hacia el de ingreso justo: combinar remuneración por tarea con protecciones sociales portables, es decir, beneficios que acompañen a la persona y no queden atados a un empleo estable que ya no es la norma. Trabajadores intermitentes, tercerizados en cadenas globales y millones que trabajan mucho sin salir de la pobreza por falta de estabilidad y protección representan la versión contemporánea de aquellos obreros que la encíclica puso en el centro de su reflexión.
La Rerum Novarum también defendió el derecho de asociación de los trabajadores como forma legítima de buscar justicia y equilibrio frente al poder económico. Ese derecho sigue siendo irrenunciable, pero su ejercicio exige reconocer formas organizativas que el siglo XIX no conocía: cooperativas de plataforma, asociaciones de trabajadores autónomos y estructuras de economía solidaria. Surge además una actualización que León XIII no podía contemplar: el derecho a la explicación y contestación algorítmica en ambientes de trabajo gestionados por plataformas, donde puntuaciones opacas, bloqueos arbitrarios y distribución asimétrica de pedidos sustituyen a los supervisores de carne y hueso. Las movilizaciones de repartidores y las iniciativas cooperativas para reducir la dependencia de monopolios digitales son, en este sentido, los nuevos movimientos obreros que la Doctrina Social está llamada a acompañar.
Respecto a la propiedad, la encíclica afirmó su legitimidad sin convertirla en un absoluto: la propiedad privada se ordena al bien de la persona y de la sociedad. Releída hoy, esa lógica obliga a enfrentar nuevas formas de «cercamiento»: datos personales, infraestructura digital y patentes concentradas en pocas manos; tierras y bienes naturales bajo lógica especulativa; y derechos de acceso como la vivienda y la conectividad tratados como lujo en lugar de como condiciones básicas de vida. La respuesta debe incluir el combate a la especulación que retira la vivienda del mercado de uso, una gobernanza ética de los datos que evite el colonialismo digital y el reconocimiento de bienes comunes —el agua, la biodiversidad— como realidades que no pueden reducirse a mercancía.
En cuanto al papel del Estado, León XIII rechazó tanto el Estado mínimo indiferente como el colectivismo absorbente, afirmando su deber de proteger a los débiles y garantizar condiciones justas. Ese equilibrio sigue siendo el núcleo de una lectura actualizada: el Estado debe regular los mercados financieros y los monopolios digitales, asegurar protección social universal en salud, educación y previsión, y garantizar la aplicación de la ley laboral en cadenas tercerizadas y transnacionales. El principio de subsidiariedad no puede convertirse en pretexto para el desmantelamiento de protecciones; la subsidiariedad auténtica fortalece comunidades, cooperativas y municipios, pero exige al mismo tiempo solidaridad fiscal y coordinación nacional.
La Rerum Novarum buscaba justicia y concordia, condenando la incitación al odio y a la violencia. Releída hoy, esa postura exige reconocer que los conflictos sociales son reales, expresión de intereses genuinamente divergentes, pero orientarlos hacia mediaciones institucionales, negociación colectiva y justicia restaurativa. Exige también combatir las polarizaciones manipuladas por la desinformación y los intereses económicos, promoviendo una ética de la comunicación, la alfabetización mediática y la responsabilidad pública de las plataformas.
León XIII insistió en que la vida familiar y el descanso son dimensiones esenciales de la existencia humana; el trabajo no puede aplastar el hogar ni la educación de los hijos. Hoy eso se traduce en el derecho a la desconexión digital, en límites reales a la disponibilidad permanente y en la protección de la salud mental frente al burnout y las jornadas extendidas por múltiples trabajos ocasionales. La vivienda digna es el núcleo material de ese derecho: sin ella, la justicia social se vuelve abstracta.
Aunque la ecología no formaba parte del horizonte de la Rerum Novarum, su lógica moral permite una extensión coherente que el Magisterio posterior fue desarrollando. El trabajo es digno cuando no destruye la base de la vida; economía y ecología no pueden separarse. La transición energética y productiva exige justicia social: quienes dependen de sectores extractivos deben tener alternativas reales, los pueblos locales deben participar y dar su consentimiento, y los beneficios y riesgos deben distribuirse de modo equitativo.
América Latina es un laboratorio histórico de las tensiones que la encíclica ya intuía: oligarquías económicas, fragilidad institucional, concentración de tierra y renta, y coexistencia de modernidad y exclusión. Una relectura actualizada tendría gran potencia en la región, pero exigiría encarnarse en sus particularidades. La informalidad vuelve al trabajador invisible a los derechos: sin contrato, sin previsión social, sin protección ante accidentes. La estructura productiva oscila entre la exportación de commodities y las exigencias de soberanía alimentaria e industrialización, generando conflictos persistentes por la tierra, el agua y los territorios indígenas. Los movimientos sociales alternan ciclos de promesas de inclusión, crisis fiscales y desconfianza institucional.
En este contexto, la Doctrina Social puede ofrecer un tercer lenguaje: no negar el conflicto social, sino orientarlo hacia el bien común; no optar ni por el asistencialismo sin justicia estructural ni por la ideologización que subordina el Evangelio a proyectos partidarios. La Iglesia, con su capilaridad territorial y su memoria histórica de acción social, puede fortalecer mediaciones concretas: centros de apoyo al trabajador, economía solidaria, mediación de conflictos locales y formación ciudadana. Esa tarea, sin embargo, encuentra obstáculos reales: captura por élites y lobbies, corrupción sistémica, control territorial por el crimen organizado y baja capacidad de fiscalización laboral y ambiental. Una relectura coherente necesita combinar ética institucional, eficacia administrativa real y subsidiariedad comunitaria, sin abandonar las responsabilidades macro que solo el Estado puede asumir.
La fuerza duradera de la Rerum Novarum está en su núcleo: la economía debe ser juzgada por la dignidad de la persona y por el bien común, y el trabajo es el lugar privilegiado de esa dignidad. Al releerla en el siglo XXI, los mismos principios ganan nuevos campos de aplicación —plataformas digitales, financiarización, crisis ecológica, precarización y migración— sin perder la espina dorsal: ni el mercado absoluto ni el Estado total; ni el trabajador descartable ni el capital intocable. Para América Latina y para el mundo, una Rerum Novarum releída puede convertirse no solo en documento, sino en programa civilizatorio: renovar mediaciones sociales, cualificar políticas públicas y ofrecer una gramática de justicia capaz de atravesar polarizaciones y construir, con paciencia y persistencia, un orden más humano y fraterno.
*Catedrática de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
